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Igual que una botella de aceite volcada sobre el mantel de la mesa, la corrupción se extiende día a día abarcando a todos los estratos sociales de Chile. Y no lo decimos quienes estamos de paso por el país, sino quienes viven en él, y tienen el deber de estar informados e informar a la ciudadanía.
Para mí como visitante, aunque con raíces afectivas profundas con Chile, me resulta doloroso darme cuenta que mi país se parece al río Mapocho: sus aguas corren turbias y llenas de desperdicios. Mientras a las grandes mayorías se las mantiene entretenidas con el sexismo y el consumismo irracional.
Es nada menos que un prestigioso periodista, Premio Nacional de Periodismo, quien escribe lo siguiente en el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile:
Domingo 27 de mayo 2012
La corrupción empresarial
Por Juan Pablo Cárdenas
Cuando el afán de lucro se constituye prácticamente en el fin único de la actividad empresarial no es de extrañarse que en su empeño los hombres de negocios cometan toda suerte de delitos laborales, evasiones tributarias, colusiones contra de la libre competencia, atentados medioambientales y abusos contra los usuarios de sus servicios. Más todavía cuando la legislación es tibia en sancionar la falta de probidad y la impunidad es pavorosa en cuanto a los delitos de “cuello y corbata”.
Los escándalos se han sucedido y multiplicado desde el momento en que la clase política y los Tribunales prefirieron abstenerse de castigar las escandalosas privatizaciones de empresas públicas realizadas en la Dictadura. Desde allí es que, los bancos en Chile ostentan las utilidades más elevadas del mundo a pesar de que regularmente inflan sus gastos y provisiones para evitar impuestos y repartir menos dividendos entre su personal. Tal como ha quedado demostrado con la reciente resolución de la Corte Suprema que obliga al Scotiabank a pagar más de 2 mil millones de pesos a 424 empleados que fueron burlados en sus dividendos en el año 2007, debido a que esta entidad financiera exageró en sus provisiones de riesgo para quedar con una rentabilidad menor al 8 por ciento sobre el que debía repartir beneficios entre sus trabajadores.
Ya el país ha conocido la forma en que las tres principales cadenas de farmacias convinieron en fijar los precios de sus medicamentos para burlar así la libre competencia y asegurarse ganancias espectaculares. Otro bullado caso de estafa empresarial que se ventila largamente en los Tribunales, en la certeza de que las multas que alguna vez paguen quienes se coludieron resulten la nada misma en relación a los millonarios beneficios obtenidos por el sobreprecio de fármacos, en muchos casos indispensables para la sobrevivencia de muchos enfermos, como quedara demostrado en tantos testimonios de pacientes crónicos o terminales. Se proclama todos los días la libertad para emprender y se sacraliza al mercado, pero en todos los rubros de la producción y el comercio sus ejecutivos conspiran de esta forma para granjearse utilidades ilegítimas.
Frescas tenemos en la memoria la cantidad de “emprendimientos” que se llevan a cabo con la complicidad de las autoridades en criminal riesgo de la vida humana y la sustentabilidad de nuestros ecosistemas. Hidroaysen y una enormidad de instalaciones que vulneran la legislación medioambiental y que agreden el curso de los ríos sin consideración alguna por los derechos de agua de los medianos y pequeños agricultores. Termoeléctricas que se instalan por doquier en un país privilegiado por los recursos que posee para producir energía limpia y renovable. Conflictos que se multiplican de norte a sur del país frente al desparpajo empresarial de Pascua Lama y los valles que van quedando sin recursos de agua y/o contaminados por los desechos industriales que se arrojan al lado de pueblos y ciudades. La población alzada de Pelequén y ahora de Freirina por plantas industriales que contaminan el aire, el suelo y las napas acuíferas, llegando a producir graves emergencias sanitarias. La brutal e inmediata represión de Carabineros, por supuesto, a quienes se ven legítimamente obligados a marchar, hacer barricadas y cortar las vías de acceso a estos letales centros. Más de 460 mil cerdos que depositan sus heces a la intemperie porque la empresa Agrosuper no cumple con los tratamientos que debe realizar para mitigar las aguas servidas y evitar la catástrofe que se ha conocido. Millones de dólares por el cierre de las faenas dispuesto por el Ministerio de Salud, cuando el hedor se hizo insoportable y las bacterias alcanzaron kilómetros a la redonda. Y lo que ahora se descubre: las “inversiones” de esta empresa han sido autorizadas sistemáticamente por los últimos tres gobiernos, pese a las múltiples protestas de la población y oposiciones de los ambientalistas que cumplen con tanto esmero en proteger nuestros recursos naturales y derechos sociales.
Concesiones para construir elefantiásicas multitiendas que constituyen verdaderos atentados urbanísticos, afectan el flujo vial y desprecian el patrimonio cultural. Como siempre, iniciativas arregladas entre empresarios, alcaldes, seremis y esa cantidad de políticos y funcionarios públicos acostumbrados a burlar la Ley a cambio de recibir coimas y erogaciones al financiamiento electoral de quienes se aferran a sus cargos de “servicio público” , devenidos en cotos de caza, de los partidos políticos.
La rapiña y la usura empresarial que paga sueldos de hambre a más del 40 por ciento de los trabajadores chilenos, todavía inermes por la falta de sindicalización, la corrupción que también afecta a las cúpulas gremiales, como ese insólito acuerdo firmado por la directiva de la a Central Unitaria de trabajadores (CUT) y la cúpula de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en uno de los países de más altos contraste entre el ingreso de ricos y pobres. Donde el indigno salario mínimo es disimulado ahora, con una serie de bonos que el Estado de Chile le dará a las familias de extrema pobreza, a fin de que los empresarios puedan seguir recaudando ingentes utilidades gracias a la mano de obra barata que el modelo económico vigente le garantiza a la inversión patronal interna o extranjera. Además, por supuesto, de la bajísima carga tributaria de las empresas y otra cantidad de prebendas que favorece al gran empresariado y, por cierto, ni roza siquiera a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Que no se nos quede en el tintero consignar que la Gran Estafa de La Polar a más de un millón de consumidores está a punto de consolidar un arreglo extrajudicial en que los afectados serán indemnizados por la empresa, pero en montos que jamás alcanzarán los recursos ya defraudados y repartidos entre sus ejecutivos. Los que luego de algunos contratiempos judiciales podrán urdir nuevos delitos que vulneren la confianza pública y se aprovechen de la necesidad que tantos chilenos de vivir endeudados para sobrevivir.
Efectivamente, en la falta de ética que rige al mundo de los grandes negocios, resulta que los empresarios mejor considerados son aquellos que forjan rápidas fortunas sobre la base de ofrecer trabajo precario y realizar triquiñuelas como la del multi RUT, a objeto de evitar las demandas laborales. Así como burlar al máximo las normas medioambientales y guarecerse con buenos estudios de abogados, en el entendido que los costos de los litigios y las eventuales multas y costas judiciales nunca podrán menguar el enorme valor agregado en sus utilidades producto de vulnerar sus deberes y pisotear los derechos de la población.
En su extrema voracidad, los dueños de estas multitiendas han llegado al extremo de cobrar por el uso de los baños y el acceso a los estacionamientos de los miles de clientes que, a diario, van justamente a comprar a sus locales comerciales. En un nuevo atentado a la Ley y a la razón que tiene alerta al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), institución que cada vez es más requerida por quienes son víctimas de los establecimientos que incumplen con las garantías ofrecidas por los productos que venden y que castigan con multas despiadadas el atraso en el pago de las cuotas de crédito. Práctica que también se aprecia en los centros de salud que con estos cobros le ponen más utilidades agregadas a sus abusivos cobros de atención médica y hospitalización.
